Destacaron que la falta de zonificación del borde costero, objetiva y planificada por todos los actores de la región, es un proceso pendiente desde el Gore Los lagos y los municipios que ha significado la falta de lineamientos estratégicos para el desarrollo comunal y regional.
Desde la asociación valoran la existencia de una ley que regule los Espacios Costeros de los Pueblos Originarios, al tiempo que respeta los derechos ancestrales sobre éstos y reconoce a las comunidades indígenas como legítimos usuarios del borde costero chileno. Sin embargo, afirman que es importante destacar que la aplicación de la ley ha dejado en evidencia diversas falencias y situaciones en su implementación, las que generan incertidumbre y preocupación entre los productores de choritos.
Al respecto, la gerente general de AmiChile, Yohana González, señaló que “los ECMPOs, tal como se están aplicando, vulneran la Política Nacional de Uso del Borde Costero dictada por Decreto Supremo N° 174 de 1994, ya que uno de los objetivos específicos establece que debe ‘Procurar la compatibilización de todos los usos posibles del borde costero en las distintas áreas y zonas, promoviendo su desarrollo armónico, integral y equilibrado, maximizando su racional utilización, precaviendo posibles requerimientos futuros y tomando en cuenta la realidad actual del uso mismo’.
Sin embargo, para la acuicultura, actividad que desde hace décadas se encuentra asentada en la X Región contribuyendo fuertemente a su desarrollo, “la implementación de la Ley Lafkenche está muy lejos de permitir la compatibilización de los usos actuales y futuros de los distintos actores y, por el contrario, está privilegiando a pequeños grupos de personas con inmensas extensiones de mar, indefinidas y gratuitas, en perjuicio de otras actividades, incluida la mitilicultura, a la que se le han acotado los plazos de las Concesiones de Acuicultura (CCAA) o incluso cerrado el acceso al borde costero en áreas contiguas a sus actividades”, añadió.
Siguiendo esta línea, AmiChile destaca que cuando se analiza desde una institución del Estado el uso o la actividad consuetudinaria de las comunidades entorno al área que solicita, uno de los factores importantes a analizar es justamente el concepto de “consuetudinario” que implica demostrar la continuidad de su uso. “En este caso, ¿qué pasa con todas esas comunidades costeras, que no pertenecen a las comunidades indígenas, pero que llevan más de 20, o hasta 100 años viviendo en esas localidades? ¿Por qué ellas no tienen el derecho también de que se le reconozcan esos usos?”, acotaron.
En este sentido, recordaron que la aplicación de esta ley genera un régimen suspensivo para cualquier otra solicitud que se haya presentado, incluso, con anterioridad al ingreso de la solicitud de ECMPO. De esta manera, cualquier tramitación o renovación de Concesiones de Acuicultura (CCAA) o Concesiones Marítimas (CCMM), relocalización, permisos de escasa importancia para embarques y desembarques de chorito, proyectos de infraestructura portuaria, proyectos de hermoseamientos o proyectos de protección del borde costero, etcétera, se ven afectadas. “Se ha comprobado en la práctica que los plazos legales establecidos para la tramitación de un ECMPO son superados con creces con períodos incluso superiores a seis años de duración’’.
De hecho, “la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) constituido actualmente por 56 comisionados, en su mayoría representantes de servicios públicos, alcaldes de las comunas de la región, y once comisionados del sector privado, ha mostrado a la fecha grandes falencias en su actuar. Debido principalmente a la poca participación con conocimiento de la ley y del impacto hacia las otras actividades por parte de los municipios, quienes no evalúan las diversas implicancias y potenciales riesgos para el desarrollo de la actividad productiva y el empleo en sus propias comunas”.
En resoluciones anteriores, estos en general, alinean posturas con los demás representantes de estamentos públicos, siendo muy difícil para los privados hacer prevalecer las exclusiones que en algunos casos han sido presentadas frente a una solicitud ECMPO, sostuvo González.
Relató además, que “en reuniones territoriales y en la misma Comisión, es complejo participar activamente y presentar observaciones a los ECMPOs para solicitar exclusiones de espacio físico, pues la conversación se da en un ambiente agresivo e intimidante, entre partes interesadas en el uso de estos espacios comunes”.
Adicionalmente, desde la asociación señalaron que la falta de zonificación del borde costero, objetiva y planificada por todos los actores de la región, proceso pendiente desde el Gore Los lagos y los municipios, ha significado la falta de lineamientos estratégicos para el desarrollo comunal y regional. Lo que en definitiva refleja la no aplicación de la Política Nacional de Uso del Borde Costero, que finalmente atenta en contra de los buenos resultados que debiese tener la aplicación de la Ley Lafkenche.
“Sumado a todo lo anterior, la implementación de esta ley, lamentablemente se está prestando para abusos de algunos solicitantes de estos espacios, quienes están ejerciendo presiones indebidas a los actores acuícolas, pescadores artesanales y otros como la obstrucción el libre tránsito, impedir el ejercicio de sus actividades, entre otras malas prácticas. Incluso en áreas en que ni siquiera se ha producido la destinación, situación que está expresamente prohibida por el Art 15 letra b) de la Ley”, argumentó.
Por este motivo, ‘’rechazamos total y categóricamente que el camino para resolver los problemas que está generando la implementación de la ley sea por la vía de ‘arreglos económicos’ entre los interesados en el uso de estos espacios comunes. Creemos que las conversaciones entre los diferentes actores, que sean bien inspiradas y con altura de miras son un camino válido que debe ser utilizado, pero también creemos que el Estado tiene responsabilidad en la formulación de este cuerpo legal, de sus deficiencias, y debe hacerse cargo’’, indicaron desde AmiChile.
En representación de AmiChile, la gerenta general manifestó que “llevamos años solicitando a las autoridades nacionales y regionales la conformación de una mesa de diálogo intersectorial para avanzar en consenso y destrabar conflictos adecuadamente. Por ello, valoramos que el actual Gobernador Regional, Patricio Vallespín, esté impulsando un Plan de Armonización de Uso del Borde Costero, programa que nos alienta y estamos expectantes de sus resultados. Esperamos que todo ese trabajo, pueda traducirse en una propuesta concreta que dé garantías de cumplimiento de la PNUBC, y ojalá, se generen también, propuestas de mejora a la Ley Lafkenche’’.
Territorio afectado
Yohana González detalló que la mitilicultura en el país tiene 1.210 concesiones otorgadas, con 11.688 hectáreas y las solicitudes ECMPOs acumulan a la fecha casi 3 millones de hectáreas (85 solicitadas), de las cuales 100.622 hectáreas aproximadamente se han otorgado (18 ECMPOs). Solo en la región de Los Lagos se están solicitando alrededor de 1,5 millones de hectáreas (62 ECMPOs) y se han entregado 30.412 hectáreas aprox (15 ECMPOs).
Con estas cifras, surge entonces la natural inquietud de los productores y captadores de semillas, respecto de ¿hacia dónde podrán relocalizarse aquellos productores que lo requieran?, ¿dónde podrán instalarse los acuicultores pequeños, APEs?, ¿dónde podrá hacerse captación de semillas si las zonas establecidas comienzan a tener baja productividad?, ¿hacia dónde podrá crecer la industria en el futuro de mantenerse la tendencia de las solicitudes de ECMPO, que pueden copar fácilmente y en corto plazo gran parte, sino todo el mar interior de Chiloé y otras regiones?
“En el sector pensamos que no habrá zonas disponibles para ello si no se pone atajo a lo que está ocurriendo”, afirmó Yohana González.
“Los permisos transitorios que se solicitan para actividades anexas, como los embarques y desembarques, no están siendo otorgados en aquellos sectores donde hay ECMPOs en trámite para quienes no tienen concesiones marítimas, por lo que no pueden realizar una operación normal”, indica González.
En el caso de quienes realizan captación de semilla, gracias a la Ley de Mitílidos, los permisos especiales de colecta ahora cuentan con un mayor peso jurídico, con la figura de permisos especiales (PEC), pero de igual forma es un trámite que requiere ser sometido a la CRUBC para que las áreas de colecta sean desafectadas en los sectores con ECMPOs en trámite. Para que sean entregados en destinación Subpesca y, posteriormente, sean decretados como permisos especiales.
“Esperamos que el Gobierno Regional haga propuestas sobre desafectaciones que beneficien a todos los actores del borde costero para que puedan realizar sus actividades presentes y futuras y finalmente se genere la voluntad de los legisladores por materializar mejoras a la Ley”, concluyó.
