Un grupo de senadores inició las gestiones legislativas que busca modificar la “Ley Lafkenche”, lo que fue calificado de “racista” por la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar.
Red de mujeres de pueblos originarios defensoras del mar salió al paso ante moción parlamentaria que pretende la modificación de la ley 20.249 y emplazan al gobierno.
Bajo el nombre de “perfeccionar ley que crea espacio costero de pueblos originarios”, se inició la gestión legislativa de un grupo de parlamentarios, cuyo proyecto fue presentado por los senadores Fidel Espinoza, Carlos Kuschel, Gastón Saavedra, David Sandoval y el actual ministro, Álvaro Elizalde, que “busca armonizar la legislación y compatibilizar las actividades que se desarrollan en el borde costero”.
Ante esta acción legislativa la Red de Mujeres Originarias Defensoras de la Mar, vinculadas a cuatro pueblos originarios, indicó que son cuestionables las intenciones de modificar la Ley 20.249 “impulsadas por sectores vinculados a la explotación indiscriminada de los recursos del mar”, denunciando que existe una oleada al respecto de intereses político-empresariales.
Ante la moción presentada por este grupo parlamentario, la Red de Mujeres indica que ‘’la Ley Lafkenche es una ley creada por y para los pueblos originarios de Chile, que garantiza el resguardo de los usos consuetudinarios de los pueblos originarios del mar desde tiempos inmemoriales y que hoy se pretende modificar recortando los derechos adquiridos de las comunidades indígenas costeras de Chile, demostrando con ello el racismo hacia los pueblos originarios que hacen uso legítimo de esta norma”.
En este sentido, señalaron que “la modificación de la Ley Lafkenche solo viene a proponer medidas que no resolverán la cuestión de fondo, que es exclusivamente responsabilidad del Estado, ya que tiene que ver con los largos plazos y demoras en la tramitación de las solicitudes de los ECMPO de las instituciones públicas que no han dado el ancho en llevar las tramitaciones en los plazos que establece la ley. Esta situación nos tendría enfrentados a enemigos imaginarios que son aprovechados por intereses político-económicos pero en realidad a quienes más afecta está situación es a las propias comunidades”.
Asimismo, en su declaración señalan que ‘’desconoce también las alianzas, que en general se han dado a propósito de los procesos de solicitud y administración de los ECMPO, con los pescadores y pescadoras artesanales, miticultores, recolectoras de orillas y otros actores/as claves en el uso del borde costero, y que también están preocupados por la defensa del mar y la protección de los bienes naturales que forman parte de nuestras economías locales y prioridades de desarrollo’’.
Finalmente, entregan un mensaje al ejecutivo: “hacemos un emplazamiento al gobierno a tomar cartas en este asunto. Les recordamos que un proceso de solicitud de ECMPO, que por Reglamento debiera demorar no más de dos años y medio, está tomando más de diez años en muchos casos, lo que es exclusivamente responsabilidad de las trabas administrativas de los órganos competentes del estado”.
La Red de Mujeres, dirigiéndose a la opinión pública, al gobierno, a los políticos y sectores empresariales informó que las comunidades indígenas costeras de distintos pueblos y territorios, a través de sus diversas alianzas, estarán atentas y coordinadas, aseverando que no permitirán que recorten los “legítimos derechos ganados en procesos históricos de tanta lucha para nuestros pueblos”.
