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Limitar el número de concesiones y superficies que se pueden requerir y fijar algún costo por las hectáreas a las comunidades son algunas de las propuestas (Fuente: AQUA 12,septiembre 2017)  

 

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Lea AQUI noticia original de El Mercurio

 

 (El MERCURIO) Los efectos generados por la “ley Lafkenche” -que dio paso en 2008 a la creación de los Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO)- tienen preocupados a los empresarios y gremios de la zona sur del país. Un informe realizado por la consultora acuícola Indexsalmon señala que desde 2009 a agosto se han realizado 68 solicitudes de ECMPO -superficies marinas delimitadas, cuya administración es entregada a comunidades indígenas o asociaciones de ellas-, las que cuando son requeridas suspenden indefinidamente la tramitación de otras concesiones.

El presidente de SalmonChile, Felipe Sandoval, explicó que la normativa afecta a la salmonicultura en dos aspectos esenciales: relocalizaciones de concesiones de acuicultura y en los instrumentos de apoyo a esta actividad, ya que todo ello -como los centros de acopio o las descargas de desechos- requiere de una concesión marítima. “Cuando hay preferencias de un sector sobre otro, lo que se genera es conflicto. Lo que se debe hacer es buscar mecanismos para generar acuerdos en que todos podamos ejercer nuestros derechos”, sostuvo Sandoval.

 

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El estudio de la consultora señala que el efecto de suspensión que genera esta reclamación resulta ser un hecho gravitante a la hora de dar la debida continuidad a la expansión o desarrollo de un proyecto en el borde costero, ya que se verá afectado en su totalidad o en forma parcial en relación con su futura ejecución, y, por ende, se ve frenada la eventual o efectiva inversión.

El presidente de la Asociación de Mitilicultores de Chile (AmiChile), Rodrigo Rosales, en la misma línea, indicó que “hay gran preocupación por la aplicación de la ‘ley Lafkenche’. En primer término, esta normativa no es consecuente con lo que establece la política nacional sobre el uso del borde costero, que dice que se deben armonizar los usos actuales con los usos futuros. Creemos que con la ‘ley Lafkenche’ se está haciendo un desbalance con esa materia”.

José María Escobar, gerente de Toralla -productora de choritos que se querelló por incendios que habrían sido provocados por comunidades indígenas-, afirmó que el espíritu de la “ley Lafkenche” es bueno, pero que es necesario hacer ciertos cambios. “Si no se cambia la ley, va a haber una cantidad de pérdidas de empleo enorme y una desinversión en nuevos desarrollos valorados en muchos millones de dólares”, dijo Escobar.

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Este tema ha sido tan preocupante en la zona, que escaló hasta la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). La Dirección de Políticas Públicas de este gremio señaló que “está instalada la percepción de que el diseño de la ‘ley Lafkenche’ fue deficiente, ya que no es capaz de articular de manera integral los usos actuales con los ancestrales, siendo un claro ejemplo de política pública fallida, al menos en cuanto a la lentitud en la resolución de las peticiones y a la indeterminación de los requisitos, características y finalidades para las cuales se presentan estas solicitudes

 

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